Colombia, a pocos pasos de aprobar castración química para abusadores

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La Plenaria del Senado aprobó en el segundo debate el proyecto de ley, liderado por la senadora Maritza Martínez, que plantea la creación de la política pública de prevención de delitos sexuales contra menores de edad y que busca varias medidas para contrarrestarlo, entre ellas la castración química como tratamiento voluntario.

Por unanimidad, el Senado de la República de Colombia le dio el visto bueno a la iniciativa que establece el tratamiento hormonal de inhibición del deseo sexual o castración química para abusadores, que, de ser aprobado en última instancia, sería el Ministerio de Salud la entidad competente para ofrecerle, de manera gratuita, a quienes lo soliciten de manera voluntaria, con posterioridad al cumplimiento de su pena privativa de la libertad.

También, este proyecto de ley crea dos tipos penales autónomos que permitirán sancionar con 41 años de prisión y sin algún tipo de beneficio a los violadores de menores de edad; y la puesta en marcha del registro de estos abusadores, con un monitoreo tecnológico permanente en cabeza de la Policía Nacional.

Este proyecto pasará por la Cámara de Representantes donde surtirá dos debates más y, de ser aprobado, se convertiría en ley de la República, la cual actualmente solo contempla como penas la prisión y la multa. Por lo tanto, se requeriría una modificación en el Código Penal Colombiano, que incluya la castración química.

La senadora Maritza Martínez advirtió que “no se trata de una mutilación del órgano reproductor, sino de la ingesta de medicamentos por vía oral o intravenosa para inhibir y frenar el deseo sexual en los violadores”.

Dijo, además: “La epidemia de violencia sexual que se cierne sobre nuestros Niños, Niñas y Adolescentes requiere respuestas contundentes e inmediatas. Agradecemos el respaldo de los Senadores y esperamos encontrar respuesta igual en los Representantes de la Cámara, quienes siempre han estado prestos a acoger nuestras iniciativas, tal y como sucedió con nuestra propuesta para que, en el marco de la JEP, los delitos sexuales no tuvieran sanciones alternativas, sino penas máximas de prisión”, puntualizó la Senadora.

Vale la pena mencionar que en la actualidad otros países han aplicado a este método, tales como Estados Unidos, Rusia, Polonia, Estonia y Corea del Sur, sin embargo, no hay informes que hablen sobre resultados o eficiencia de esta medida.

Para el Ministerio de Salud de Colombia esta sanción podría implicar un incumplimiento de leyes sobre prohibición a penas crueles e inhumanas, “no existe consenso sobre la efectividad de este tipo de medidas o estudios sobre el impacto de la salud mental y física de las personas sujetas a este tipo de tratamiento”.

*Fotografía tomada de El Espectador

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