Tribunal de Bolívar confirma suspensión de obras del edificio Aquarela

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La decisión fue tomada por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena que suspendió la construcción del proyecto urbanístico, ubicado a inmediaciones del Castillo San Felipe de esta ciudad histórica de Colombia y que amenazaba los derechos colectivos al patrimonio cultural de la Nación.

El Tribunal Administrativo de Bolívar ratificó la decisión adoptada por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena que suspende la construcción del proyecto urbanístico de 30 pisos Aquarela.

El fallo además dejó en firme la suspensión temporal de las decisiones que permitieron el inicio de las obras, entre ellas: las resoluciones de la Curaduría Urbana No 1 de Cartagena, que concedieron las licencias de construcción a la Promotora Calle 47 S.A.S.

Según este Tribunal, el Curador Urbano No 1 de la ciudad de Cartagena, Ronal Llamas Bustos, no cumplió con su deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del barrio sobre el que se construye el proyecto, así como el uso y tratamiento exacto que tiene el predio dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, ya que en algunos documentos consignó que es de conservación urbanística y luego sin motivación jurídica, razonable y técnica, cambió su concepto para indicar que es de renovación urbana.

Es por esto que la Procuraduría le adelanta una investigación disciplinaria al Curador No 1 Llamas Bustos; al igual que al gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital, Covivienda, Alberto Vélez Carrasquilla-, y, al jefe de la División de Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio Cultural, Alfonso Rafael Cabrera Cruz.

Cabe mencionar que, a un costado del que sería el proyecto urbanístico de 30 pisos ‘Aquarela’ se encuentra ubicado el Castillo de San Felipe de la ciudad de Cartagena, declarado como patrimonio histórico de la humanidad, por lo tanto, debe ser salvaguardado y protegido por las autoridades y la comunidad en general.

Entre los afectados hay 970 familias quienes habían invertido en el frustrado proyecto y que pretenden una millonaria demanda al estado colombiano y solo el juez de la República tendrá la última palabra.

*Fotografía de El Tiempo

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